El período de sanción para los docentes de primaria y secundaria que violen la ética profesional es: 6 meses de amonestación, 12 meses de demérito y 24 meses de degradación o despido. Es miembro del Partido Comunista de China y estará sujeto a sanciones disciplinarias. Los sospechosos de violar leyes y delitos serán trasladados sin demora a los órganos judiciales para su tratamiento conforme a la ley. Durante el período de sanción no se permitirá evaluación de méritos, ascenso a título profesional ni ascenso a cargo.
Si existen diferentes tipos de castigo, el castigo será mayor; si el mismo tipo de castigo distinto de la expulsión se aplica varias veces, el castigo se ejecutará, pero se determinará el período de castigo. según la suma de más de un período de sanción y menos de dos períodos de sanción. Si se impone una nueva sanción durante el período de sanción, el período de sanción será la suma del período no ejecutado de la cuota original y el nuevo período de sanción, pero no excederá de 48 meses.
Base legal:
Artículo 3 de las “Medidas para el tratamiento de las violaciones de la ética profesional por parte de docentes de escuelas primarias y secundarias”, el tratamiento a que se refieren estas medidas incluye tratamientos disciplinarios y de otro tipo. Las sanciones incluyen advertencias, deméritos, degradación o despido y expulsión. El plazo de advertencia es de 6 meses, la fecha de caducidad es de 12 meses y el plazo de descenso o remoción es de 24 meses. Es miembro del Partido Comunista de China y estará sujeto a sanciones disciplinarias.
Otros tratamientos incluyen brindar educación crítica, charlas de amonestación, ordenar inspecciones, reportar críticas y descalificación de premios y evaluaciones de mérito, promociones laborales, evaluaciones de títulos profesionales, reclutamiento laboral, promociones salariales y postulación a planes de talento. etc. El plazo de ejecución de la inhabilitación no será inferior a 24 meses.
Los docentes sospechosos de violar leyes y delitos deben ser trasladados sin demora a órganos judiciales para su tratamiento conforme a la ley.