Legalmente hablando, si un maestro viola las leyes y regulaciones de propiedad intelectual en el proceso de compra de artículos educativos, como la infracción de los derechos de autor y patentes de otros, el maestro enfrentará las responsabilidades y sanciones legales correspondientes. Además, si se descubre que los docentes han cometido actividades ilegales como corrupción y soborno durante la compra de documentos, también enfrentarán responsabilidad penal.
Por lo tanto, los profesores deben completar el trabajo académico de manera legítima, obtener resultados académicos de manera legal y conforme a las normas, y no se les permite obtener ni comprar trabajos educativos de otras personas por medios ilegales.