Base jurídica: "Ley de Educación de la República Popular China"
Artículo 26: El Estado formula planes de desarrollo educativo y opera escuelas y otras instituciones educativas.
El Estado alienta a las empresas, instituciones, grupos sociales, otras organizaciones sociales y ciudadanos individuales a establecer escuelas y otras instituciones educativas de conformidad con la ley.
Las escuelas y otras instituciones educativas administradas por el Estado deben respetar el principio de frugalidad.
Las escuelas y otras instituciones educativas que se organizan o en las que se participa con fondos financieros o activos donados no se establecerán como organizaciones con fines de lucro.
Artículo 27 El establecimiento de escuelas y otras instituciones educativas deberá cumplir las siguientes condiciones básicas:
(1) Tener una estructura organizativa y unos estatutos;
(2 ) Tener maestros calificados;
(3) Tener lugares, instalaciones y equipos de enseñanza que cumplan con los estándares prescritos;
(4) Tener la financiación escolar necesaria y fuentes estables de fondos.
Artículo 28 El establecimiento, cambio y terminación de escuelas y otras instituciones educativas estarán sujetos a los procedimientos de aprobación, registro o presentación de acuerdo con las normas nacionales pertinentes.
Artículo 29 Las escuelas y otras instituciones educativas ejercerán los siguientes derechos:
(1) Administrar independientemente de acuerdo con los estatutos;
(2) Organizar y implementar actividades de educación y enseñanza;
(3) Reclutar estudiantes u otras personas educadas;
(4) Gestionar el estado académico de los estudiantes e implementar recompensas o sanciones;
(5) Expedir los certificados académicos correspondientes a personas educadas;
(6) Nombrar profesores y otros empleados, e implementar recompensas o sanciones;
(7) Gestión y uso de instalaciones y fondos de la situación de la unidad;
(8) Rechazar la interferencia ilegal de cualquier organización o individuo en las actividades educativas y docentes;
(9) Otros derechos estipulados en las leyes y reglamentos.
El Estado protege contra infracciones los derechos e intereses legítimos de las escuelas y otras instituciones educativas.