La policía puede controlar legalmente el contenido de las llamadas de teléfono móvil de la otra parte mediante procedimientos legales y bajo ciertas condiciones.
La policía puede obtener autorización judicial bajo ciertas circunstancias para monitorear las llamadas telefónicas de sospechosos o personas relacionadas con el fin de detectar delitos o proteger la seguridad nacional. Este tipo de seguimiento suele necesitar cumplir una serie de condiciones legales, como sospecha razonable, necesidad, procedimientos legales, etc. Los requisitos y procedimientos legales específicos varían de un país a otro. En los Estados Unidos, la policía necesita obtener una orden de registro o intervención telefónica, lo que requiere proporcionar al tribunal pruebas y razones suficientes para respaldar la necesidad de la intervención telefónica. En Europa, según el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las leyes nacionales, es posible que la policía necesite obtener autorización judicial o aprobación de otros organismos pertinentes. En China, la policía puede realizar monitoreo telefónico con la aprobación del tribunal a través de procedimientos legales basados en bases legales como la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China. Cabe señalar que estas medidas de seguimiento suelen estar sujetas a estrictas restricciones legales y supervisión para garantizar la legalidad y la protección de la privacidad. La policía debe cumplir con los requisitos legales al realizar tareas de vigilancia, y las infracciones pueden dar lugar a pruebas inválidas o cargos de conducta ilegal.