2. En segundo lugar, se deben imponer restricciones más estrictas a las unidades e instituciones licitadoras para ayudar a las instituciones a racionalizar sus negocios, estandarizar sus prácticas y conocer y cumplir la ley. También es necesario indicar el sistema de sanciones por diversos actos ilegales para garantizar que el trabajo de licitación se realice de conformidad con la ley y sea más justo y equitativo para cada postor.
3. Finalmente, dar pleno juego a la función supervisora de la Oficina de Supervisión es también otra manifestación de ello. La ventaja de esto es que reduce aún más la interferencia en las licitaciones y permite que la competencia ordenada y el desarrollo de la industria de las licitaciones se desarrollen sin problemas.