1. Es ilegal que el profesor de la clase pague las tasas de clase. Los docentes no son funcionarios de agencias administrativas ni personal de agencias encargadas de hacer cumplir la ley, y no tienen autoridad para imponer sanciones administrativas, como multas, a los estudiantes. Los maestros no son representantes de la Legislatura y no tienen autoridad para imponer multas.
2. Base jurídica: Artículo 17 de la “Ley de Sanciones Administrativas de la República Popular China”.
Las sanciones administrativas son implementadas por organismos administrativos con la facultad de imponer sanciones administrativas dentro del ámbito de sus competencias legales.
Artículo 18
El Estado promueve el establecimiento de un sistema administrativo integral de aplicación de la ley en los campos de gestión urbana, supervisión de mercados, medio ambiente ecológico, mercado cultural, transporte, gestión de emergencias y agricultura. , etc., que está relativamente centralizado El poder del castigo administrativo.
El Consejo de Estado o los gobiernos populares de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán decidir que un organismo administrativo ejerza la facultad de sanción administrativa del organismo administrativo correspondiente.
La facultad de sanción administrativa para restringir la libertad personal sólo puede ser ejercida por los órganos de seguridad pública y demás órganos que determine la ley.
Artículo 78 de la "Ley de Educación de la República Popular China"
Si las escuelas y otras instituciones educativas cobran tasas a las personas educadas en violación de las regulaciones nacionales pertinentes, el departamento administrativo de educación ordenará la devolución de los gastos cobrados, al responsable directo y al resto del personal directamente responsable se le impondrán sanciones administrativas de conformidad con la ley.
En segundo lugar, ¿es ilegal que un profesor rompa el teléfono móvil de un alumno?
Es ilegal que un profesor rompa el teléfono móvil de un alumno y es un acto de destrucción intencionada de propiedad. El que destruya intencionalmente bienes públicos o privados, si la cantidad es relativamente importante, o si concurren otras circunstancias graves, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, reclusión penal o multa. El que destruya intencionalmente bienes públicos o privados, en gran cantidad o concurriendo otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años. Además, si la destrucción intencionada de bienes ajenos constituye un delito, también será responsable de una indemnización civil.