La administración jurídica se refiere al principio de actuar conforme a la ley y gestionar conforme a la ley en las actividades administrativas. Entre sus características destacan los siguientes puntos: 1. Legalidad: La administración del Estado de derecho requiere que las actuaciones de los órganos administrativos se basen en la ley y operen de conformidad con las disposiciones de la ley. Los organismos administrativos no pueden ejercer el poder arbitrariamente y deben respetar las restricciones y procedimientos legales. 2. Imparcialidad: La administración bajo el estado de derecho requiere que las agencias administrativas sean imparciales, justas y abiertas al manejar los asuntos. Los organismos administrativos deben tratar a todos los ciudadanos y organizaciones por igual de conformidad con las disposiciones de la ley y no deben favorecer a ninguna parte. 3. Restrictividad: La administración del Estado de derecho limita el poder de los organismos administrativos, exigiéndoles que cumplan con las normas y procedimientos legales al ejercer sus poderes, y que no abusen de sus poderes ni excedan su alcance. 4. Previsibilidad: La administración del Estado de derecho requiere disposiciones jurídicas claras y las acciones de los organismos administrativos deben ser previsibles. Los ciudadanos y las organizaciones deben anticipar razonablemente las acciones de los órganos administrativos de conformidad con las disposiciones legales y realizar sus propias acciones de conformidad con la ley.